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miércoles, 3 de diciembre de 2025

El poderoso tinglado de la corrupción en República Dominicana

La corrupción sigue siendo uno de los desafíos más persistentes a los que se enfrentan gobiernos, organizaciones y sociedades en todo el mundo. Así lo establece la revista PolicyIntel.  El medio indica que a pesar de los avances significativos en la gobernanza global y las medidas anticorrupción, el problema sigue afectando tanto al sector público como al privado.

Delimitando este planteamiento general a la República Dominicana, afirmamos que esta práctica ha venido deteniendo el desarrollo de este país y ha tronchado el bienestar de millones de dominicanos, postrándolos en la pobreza, miseria y faltas de oportunidades.

El informe de Transparencia Internacional del 2024 colocó al país en el número 36 en práctica de corrupción de la lista de 180 países. Esto significa corrupción alta moderada. En la corrupción alta moderada se percibe sobornos a funcionarios, malversación de fondos públicos y abuso de poder político para beneficio personal o privado.

En el 2023 el 66% de los dominicanos percibía que la corrupción había aumentado en los últimos 12 meses y el 23% dijo que pagó soborno en los mismos meses.

Sin embargo, a pesar de esta realidad, prácticamente es muy poco el esfuerzo que se ha venido haciendo para impedirla.

La historia de la corrupción en República Dominicana es una de impunidad y abuso de poder.

1. Su origen.

La corrupción en República Dominicana podría decirse que data de la época colonial. Las primeras autoridades establecidas recurrieron a un intercambio de favores, sobornos y clientelismo.

Según historiadores, Cristóbal de Santa Clara fue el primer corrupto aparecido en la Hispaniola. Había llegado a la isla en 1502 acompañando a Nicolas de Ovando. Y aunque había sido nombrado Tesorero de La Española (1505-1507) por el mismo Ovando, desfalcó el Gobierno con ochenta mil castellanos de oro contra las Cuentas Reales.

Los siglos XIX y XX se caracterizaron por el dominio y control de los llamados caudillos. Estos hombres no solo concentraron el poder en sus manos, sino que, además, manejaban y utilizaban los recursos económicos del Gobierno a su antojo.

Mayte (2025) califica la corrupción como un espectro que ha existido en toda la historia de la nación alimentándose de la impunidad. Dice que el derroche, la deuda, y el despilfarro gobernaban el país como una plaga y que cada contrato firmado no era para el bienestar del pueblo, sino para engordar las arcas de una élite que ya había aprendido a sacar provecho de la miseria ajena.

 

2. Trujillo y la corrupción.

Aunque en su análisis, Mayte hace mas bien un recuento histórico de los primeros presidentes de la República, trata el tema de la corrupción de manera mas a fondo al llegar a la época de Rafael Leónidas Trujillo.

El sostiene que bajo Trujillo el control de la política y la economía estuvo marcado por el clientelismo, el soborno y el cohecho. “Los funcionarios públicos recibían favores y sobornos a cambio de contratos, concesiones comerciales y obras públicas. La lealtad al régimen se compraba con el oro del Estado, mientras la disidencia se silenciaba a través de la represión brutal. La vida de la mayoría de los dominicanos, sumidos en la pobreza, se contrastaba con el derroche y la ostentación de una dictadura que no solo manipulaba el poder político, sino también los medios de comunicación, creando una imagen de invulnerabilidad”, indica.

La opinión común es que Trujillo consolidó en el Estado la práctica de la corrupción. Pero mientras el régimen de Trujillo practicaba este mal, al mismo tiempo logró crecimiento económico en el país y realizó grandes obras estructurales. El tirano llenó el país de empresas e instituciones y liberó al Estado de deudas.

 

3. Corrupción Joaquín Balaguer

El doctor Joaquín Balaguer gobernó al país entre 1960s-1978 y 1986-1996.

Cuestionado sobre el tema de la corrupción en su gestión, Balaguer dijo que este mal no cruzaba la puerta de su despacho. Pero, en realidad, entregaba los puestos públicos y otorgaba contratos solo a sus aliados políticos y a sus leales.

En sus gestiones surgieron los 300 corruptos de Balaguer. Eran hombres con un gran poder económico. A Balaguer le favorecía la presencia a su alrededor de estos servidores porque eran los que disponían de los fondos suficientes para promocionar su candidatura y cubrir el costo de los procesos electorales.

Dentro de esa cadena clientelista había obras publicas sobrevaluadas y  adjudicadas a empresas ligadas a funcionarios del Gobierno.

Dos escándalos de corrupción durante las últimas gestiones de Balaguer fueron el desfalco en Aduanas y el contrato con la empresa canadiense Hidro-Quebec. En el 1995 fue sometida la directora de Aduanas, Anisia Rissi y otras 21 personas acusadas de desfalco por mil millones de pesos contra el Estado en el periodo 1990-1994. En el 2008 el grupo fue descargado luego de que Aduanas retirara la acusación contra la exfuncionaria.

También estuvo el caso de inflación costos carreteras el Cibao, construcción presa Tavera, Valdesia, Carretera Don Juan-Bayaguana, los peajes y Banco Nacional de la Vivienda.

El tiempo en que más corrupción se produjo en las gestiones de Balaguer fue durante el periodo 1986-1996.

Los casos mas destacados fueron Plan Renove, Corporación Dominicana de Electricidad, Banesas y otros bancos.

El estilo de la corrupción fue sobrecostos de las obras, cadenas intermediarias que inflaban los precios, programas sociales para comprar apoyo político, nominas abultadas y manipulación de la justicia.

Balaguer implantó un estilo de corrupción funcional, organizado y políticamente estratégico. Logró la lealtad de las elites económicas y financiaba el clientelismo. Lo único que Balaguer no permitía era que la corrupción ejecutada por sus funcionarios y grupos económicos le desestabilizaran la economía. A esto se le dio el nombre de corrupción controlada. En si la práctica fortalecía su poder. El cambiaba a los funcionarios que le daban problemas públicos, pero sin usar la justicia contra ellos.

Las botellas eran recompensas a sus seguidores, lo mismo que los contratos a empresas aliadas al Gobierno.

El Congreso y el poder judicial estaban bajo el control del caudillo. Los funcionarios obraran sin necesidad de rendir cuentas, pues la Contraloría y la Cámara de Cuentas estaban bajo su dominio.

Los amplios programas de construcción y de infraestructuras permitieron el enriquecimiento de sus funcionarios y amigos empresarios. No había licitaciones ni fiscalizaciones.

Entre los funcionarios procesados estuvieron Héctor Rodríguez, director de Renove; Juan Ignacio Montilla, viceministro Obras Publicas; José Tomas Pérez Mato.

Pero los casos fueron archivados y otros descargados.

Poco después de salir del poder, el diario The New York Times publicó que apenas tres meses después de dejar el cargo, Balaguer fue sometido a tres demandas que le acusaban de malversar 740 millones de dólares de fondos gubernamentales.

Durante un periodo de 10 años, según Rafael Flores Estrella, exfuncionario gubernamental que presentó la denuncia, más de 740 millones de dólares llegaron a las cuentas, gran parte de ellos procedentes de honorarios consulares recaudados por embajadas y consulados dominicanos en el extranjero.

A pesar de las denuncias de corrupción, graves violaciones a los derechos humanos e irregularidades electorales, Balaguer terminó sus días sin pisar nunca la puerta de un tribunal. La razón es que durante toda su vida controló el Congreso, el Poder Judicial y las instituciones fiscalizadoras.

Ningún funcionario corrupto lo vinculó directamente debido al patrón implantado de no registro documental y distanciamiento estratégico entre el Presidente y sus servidores.

Las razones por las cuales no hubo condena contra los funcionarios acusados era que el ministerio publico dependía del poder ejecutivo, los jueces y fiscales eran nombrados por influencia política y la Cámara de Cuentas y la Contraloría no tenían capacidad técnica ni autonomía.

La mayoría de los expedientes fueron instrumentados de forma que tuvieran fallas a la hora del experticio en los tribunales.

Una constante estratégica era usar los casos como entretenimiento publico o cacería política. Balaguer se manejó en una época cuando el sistema jurídico del país carecía de leyes eficaces para tratar los casos. Lo otro era la prescripción de las acusaciones y los pactos políticos para la protección de los funcionarios.

No hay una cuantificación exacta del monto ascendente de la corrupción balaguerista. Solo se sabe que significó miles de millones de dólares, tal como lo demuestra el caso del contrato canadiense Hidro-Quebec, que llegó a 25 millones de dólares y obligó al Gobierno a rescindirlo.

 

4. Antonio Guzmán (1978-1982).

Considerado como un hombre honesto, Antonio Guzmán llegó al poder con la expectativa en el pueblo de que combatiría la corrupción y mejoraría las condiciones del país.

Sin embargo, ya para el 1982 estalló la denuncia de irregularidades en las Fuerzas Armadas. En un acopio del estilo balaguerista, se produjeron compras militares sin licitación, manejo irregular de fondos, enriquecimiento de oficiales de alto rango y el uso indebido de cuentas especiales.

También hubo denuncias de contrabando, pagos irregulares para liberar mercancías y faltas de controles internos.

En el Banreservas se registraron préstamos otorgados sin garantías suficientes, manejos financieros deficientes y el uso de influencia política para conseguir créditos.

Los empleos se asignaban solo a los miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se otorgaban favores políticos a través de las instituciones del Estado y se ejerció la influencia partidaria en compras y nombramientos.

Al estilo Balaguer, también hubo funcionarios cobrando sin trabajar y se produjo el desvío de recursos en ayuntamientos y el manejo ineficiente de obras públicas.

Las únicas diferencias con relación a la corrupción de Balaguer es que fue menos estructurada, menos masiva y se centró en cupulas militares, aduanas y áreas administrativas.

A don Antonio Guzmán le resultó difícil controlar la corrupción por la división del partido y por las presiones por obtener beneficios del Estado entre los miembros.

Según historiadores, la corrupción registrada en el Gobierno produjo un impacto emocional en el Presidente Guzmán, a tal punto que el día 4 de julio del 1982 decidió quitarse la vida en el mismo Palacio Nacional.

Había ordenado investigaciones, pero esto le creó serios problemas con los militares.

Para los finales de su gestión el PRD estaba dividido entre los seguidores del Presidente y los simpatizantes del senador Jorge Blanco.

Cuando los casos de corrupción salieron a la luz pública, Jorge Blanco puso distancia y atacó duramente a Antonio Guzmán, exigiendo castigo contra los implicados. En realidad, lo que buscaba era posicionarse como candidato presidencial para las elecciones del 1982.

Con la muerte de Antonio Guzmán los procesos se detuvieron. Todo quedó en investigaciones administrativas, auditorias y señalamientos públicos.  Salvo el retiro de algunos militares.

El profesor Juan Bosch dijo públicamente tener prueba de los actos de corrupción del vicepresidente Jacobo Majluta, quien era el director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales desde el 16 de agosto del 1978. Las denuncias sobre actos de corrupción se repetían de forma sistemática desde los predios del peledeísmo bochista, no dando tregua al mandato presidencial de Guzmán.

Creyó las palabras de Salvador Jorge Blanco de llevarlo a la cárcel por sus permanentes actos.

Esto aceleró el temor que lo llevó a la decisión fatal.

 

5. Jorge Blanco (1982-1986).

A pesar de haber atacado a Antonio Guzmán por la corrupción en su Gobierno, Jorge Blanco cayó en la misma práctica.

Se le acusó de uso indebido de los recursos del Estado y malversación de fondos. En Obras Publicas hubo la acusación de sobrevaluación de proyectos, desvío de fondos y favoritismo en contrataciones. En el Banco Nacional de la Vivienda se hicieron prestamos irregulares con faltas de garantías y para uso político. Lo mismo ocurrió en el Banreservas con el uso irregular de fondos. Lo normal era las contrataciones irregulares, el clientelismo y el favoritismo.

Debido a la presión social muchos funcionarios fueron sometidos a la justicia pero sin que se registrara alguna condena.

Cuervo Gómez, jefe de las Fuerzas Armadas, fue acusado de malversar 33 millones de dólares, supuestamente utilizados para comprar equipo y suministros militares al banquero y empresario Leonel Almonte. Cuervo Gómez presuntamente conspiró con el expresidente para favorecer a Almonte y pagó el doble del valor de la compra.

Dos años después de dejar la Presidencia, Jorge Blanco fue acusado de corrupción, malversación de fondos, contrataciones irregulares y enriquecimiento ilícito. Fue arrestado y procesado. La acusación duró dos años y fue condenado en primera instancia a 20 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 16,6 millones de dólares por corrupción. El tribunal también impuso penas de 20 años de prisión y multas de 16,6 millones de dólares al antiguo asesor presupuestario de Jorge Blanco, Leonel Almonte, y a Juan Tomás Peña Valentín, un antiguo proveedor de las fuerzas armadas. El caso implicó 38 cargos de malversación y otros abusos de poder mientras Jorge Blanco dirigía el Estado.

Hubo un descargo en la Suprema Corte por irregularidades procesales.

Finalmente quedó absuelto en 1994. Este descargo significó que el Estado no pudo recuperar la mayoría de la penalización económica que se le impuso.

Fue el único Presidente directamente involucrado en un juicio.  

 

7. Hipólito Mejía (2000-2004).

Hipólito llegó al poder prometiendo al pueblo dominicano combatir la corrupción y acabar con el desorden. Hipólito había afirmado que en el país se habían perdido las instituciones y el honor de mucha gente y que la corrupción y el desorden habían llevado a la gente a no creer en nadie.

Sin embargo, una de las señales más negativas dadas por su gestión en cuanto a la corrupción fue cancelar los cargos que había contra el expresidente Leonel Fernández Reyna a solo un mes de llegar al poder y el 1 de septiembre dar instrucciones al procurador general, Virgilio Bello Rosa, para que desestimara la condena contra el también expresidente Salvador Jorge Blanco.

Junto a Jorge Blanco, también habían sido procesados el jefe de las fuerzas armadas Manuel Antonio Cuervo Gómez, el exjefe de policía Juan José Rodríguez Ortiz, el banquero Leonel Almonte y el empresario Juan Tomás Peña Valentín. A todos se les impusieron penas de prisión y fuertes multas.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó a Mejía de haber actuado incorrectamente al cortar el proceso de apelación. El jurista Marino Vinicio Castillo calificó la acción como un "indulto administrativo irregular". Hipólito se defendió diciendo que el proceso contra Jorge Blanco fue una persecución política.

Sin embargo, mientras otorgaba el perdón al expresidente perredeísta, Mejía comenzó a revisar los contratos emitidos por la administración de Fernández y señaló una nueva ronda de cargos por corrupción contra antiguos altos funcionarios.

Luego vino el caso Baninter, conocido como uno de los escándalos de corrupción bancaria más grande del país.  Aunque la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) fue una corrupción privada, la misma generó una crisis económica en el país. Significó un impacto de un 20% del PIB.  La crisis estalló en el 2003 y por el caso fueron condenados Ramón Báez Figueroa, Ramón Báez Coco, Vivian Lubrano y Luis Álvarez Renta. El escandalo implicó un desfalco por 55 mil millones de pesos y lavado de activos. La crisis bancaria alcanzó otras entidades financieras como el banco Mercantil y Nacional de Crédito (Bancrédito). También fueron condenados Manuel Arturo Pellerano, Juan Felipe Mendoza y Andrés Aybar.

Ligado al caso Baninter se registró el escándalo Pepe Goico.  En su condición de candidato presidencial Hipólito Mejía uso a Goico como su escolta. Cuando ganó la Presidencia en el 2000, fue ascendido a jefe de la avanzada presidencial.

En la gestión de Hipólito se instaló el mismo modus operandi del régimen del doctor Joaquín Balaguer contra instancias como la Presidencia, Obras Publicas, Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, bancos y entidades financieras, proyectos sociales y ministerios menores.

En todas estas instancias hubo sobrevaluación de proyectos, pagos sin respaldo, contratos sin licitación, pagos indebidos, desorden contable, manejo irregular de fondos, créditos irregulares, prestamos sin garantías, favoritismo político, desvío de fondos, mal manejo de recursos, clientelismo, favoritismo en contrataciones y nombramientos.

Es cierto que durante la gestión de Hipólito se produjeron acusaciones y sometimientos de funcionarios, pero muchos fueron absueltos, se les retiraron los cargos o quedaron sin condena definitiva.

Entre los casos más sonados están el Plan Renove, el Plan Desarrollo Fronterizo y Bienes Nacionales.

Con el cambio de gobierno estos casos quedaron en archivos muertos y sin sentencia definitiva. Aparte de expedientes abandonados, muchos funcionarios fueron descargados o recibieron indultos.

Cuando asumió la presidencia en el 2000, Hipolitico declaró un patrimonio de RD$19 millones. Al salir en el 2004, afirmó tener más de RD$46 millones.

 

8. Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2008).

Las gestiones de Leonel Fernández se caracterizaron por muchas denuncias pero pocos procesos concluidos.

En su primer periodo hubo una corrupción administrativa menor en obras públicas, privatizaciones y programas sociales.

Al estilo Balaguer y los demás expresidentes, las denuncias contra funcionarios las manejaba cambiando de cargos los acusados y haciendo recomendaciones administrativas pero sin llevarlos a la justicia.

Paradójicamente mejoró la percepción sobre el ataque a la corrupción y se implementaron controles más formales pero también se produjeron casos escandalosos.

Entre los casos específicos están el Programa Eventual de Empleo Mínimo (PEME), contrato construcción del Aeropuerto Internacional la Isabela, denuncias adjudicación irregular de contratos públicos, favoritismo en obras y el desvío de 100 millones de dólares provenientes “cuenta especial” destinada a obras públicas.

En el segundo periodo la percepción de Leonel Fernández y su aptitud ante la corrupción cambio considerablemente.

La razón es que los contratos y fondos se incrementaron enormemente. La corrupción se concentró en la sobrevaluación de las obras, pagos indebidos y adjudicaciones irregulares. Los programas sociales y las contrataciones se otorgaban a los aliados al partido morado.

En este tramo de Gobierno se registran los casos Odebrecht, Sun Land Corporation, las 66 auditorías con indicios de corrupción administrativa emitida por la Cámara de Cuentas de la RD, Bienes Nacionales, Autoridad Portuaria Dominicana, Superintendencia de Electricidad, Oficina Técnica del Transporte Terrestre, aviones Super Tucano y caso Félix Bautista. Este ultimo fue condenado por el gobierno de los Estados Unidos bajo la ley Global Magnitsky por corrupción relacionada con contratos de reconstrucción en Haití. Todas las acusaciones en su contra implicaron el manejo de US$700 a 800 millones de dólares.  

En el 2012 la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano presentó 71 casos de alegada corrupción del PLD desde el 2004 indicando que ascendía a  RD$540 mil millones, según reporte de Diario Libre.

En el caso de Odebrecht la firma dijo haber pagado 92 millones de dólares en soborno a funcionarios del PLD.

Wikipedia (2025) dice que el 24 de enero de 2013, Leonel Fernández fue acusado de blanqueo de capitales relacionado con la Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo.  Sin embargo, todos los cargos fueron retirados.

Fernández ha negado todas las acusaciones de corrupción en su contra. Ha dicho que es víctima de persecución política por parte de sus opositores.

En 2017, Fernández fue acusado de blanqueo de capitales y soborno. Los cargos derivaron de su presunta implicación en un plan para malversar dinero del gobierno dominicano. Fernández negó los cargos y afirmó ser víctima de una cacería de brujas política.

Guillermo Moreno acusó a Fernández de usar a la fundación Funglode para conseguir recursos que se convertían, luego, en patrimonio de la entidad, permitiéndole usar el dinero sin control gubernamental.

En el 2004 Leonel declaró tener RD$16 millones. Para el 2012 dijo poseer RD$14 millones. Lo cual indica una reducción de su patrimonio después de ocho años en el ejercicio del poder.

Sin embargo, a Leonel Fernández se le consideró como uno de los políticos más acaudalados del Caribe, con un patrimonio estimado en 85 millones de dólares. Ha sido el mandatario cuya fortuna mas ha crecido durante el ejercicio del poder, pasando de RD$14 millones a 85 millones de dólares desde que entró al Palacio Nacional.

Tan elevada fue la corrupción en la gestión de Leonel que el Gobierno de Estados Unidos llegó a decir que el mandatario la había dejado salir de control.

 

8. Danilo Medina.

Del año 2021 en adelante, los casos de corrupción empezaron a aflorar en la gestión de Danilo Medina (2012-2020).

Entonces se conocieron los casos Antipulpo, Coral, Calamar, Medusa, Operación 13.

En las acusaciones están implicados altos mandos militares y exfuncionarios del organismo de seguridad. Las imputaciones implican asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, coalición de funcionarios, entre otros.

En el caso específico de Antipulpo los implicados son familiares del Presidente Danilo Medina.  

Jean Alan Rodríguez, quien estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en segundo mandato de Danilo Medina (2016-2020) y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue acusado por corrupción lavado de activos.

Según estimaciones, el monto total de la corrupción de Danilo es de RD$35 mil millones.

Hasta el 2025 se han recuperado unos RD$7,002 millones a través de condenas y acuerdos con los implicados.

Al entrar al Gobierno Danilo Medina declaró un patrimonio de unos RD$22 millones. Al salir dijo tener aproximadamente RD$26 millones. Otras versiones afirman RD$28 millones.

Un estudio indica que el valor estimado de la corrupción del 2012 al 2020 fue de RD$48 mil millones.

 

9. Luis Abinader (2020-).

Al igual que los expresidentes dominicanos, Luis Abinader llegó al poder prometiendo una política cero tolerancias contra la corrupción y someter a la justicia a quien cometiera actos indebidos contra el Estado.

A poco de llegar al poder, el Presidente Luis Abinader empezó a atacar la corrupción que se produjo en la gestión de Danilo Medina. 

Sin embargo, varios ministros de su Gobierno, incluido su antiguo jefe de gabinete y ministro de educación, fueron destituidos tras verse involucrados en sus propias acusaciones de corrupción.

Entre los casos presentes se encuentra Seguro Nacional de Salud (SeNaSa, INABIE (Instituto de Bienestar Estudiantil), sistema de peajes, programa de asistencia social y adquisición de insumos/libros digitales en Educación. Hay nueve casos de corrupción en los que se registra el mismo modus operandi de todos los gobiernos pasados, incluyendo el de Trujillo.

Antes de llegar a la presidencia, ya Abinader enfrentaba una seria acusación.  Abinader fue nombrado en los Pandora Papers por mantener cuentas offshore en paraísos fiscales.

Al mandatario se le considera como el funcionario público más rico de la República Dominicana, pues posee un patrimonio neto de 70 millones de dólares.

La filtración reveló en 2021 las cuentas secretas en alta mar de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes actuales y antiguos, primeros ministros y jefes de estado, así como más de 100 líderes empresariales, multimillonarios y celebridades.

Los Pandora Papers son una colección de aproximadamente 12 millones de documentos filtrados, que son casi 3 terabytes de datos que revelan las transacciones ocultas y ocasionalmente inmorales o corruptas de los ricos y poderosos del mundo, incluidos importantes líderes mundiales, legisladores, ejecutivos de negocios, celebridades y multimillonarios.

Prensa Latina afirma que el documento también indicaba que el jefe de Estado y su familia utilizaban las empresas offshore para gestionar activos e inversiones locales. La respuesta a esta acusación es que cuando Abinader se juramentó, incluía a estas empresas en su patrimonio neto.

Las empresas mencionadas son Padreso S.A. y Litlecot Inc., que fueron creadas antes de que asumiera el cargo, según la investigación de Noticias Sin.

El caso no ha trascendido a los ámbitos de la investigación de la justicia. Mandatarios que fueron procesados y que están siendo investigados por esta acusación fueron Horacio Cortes del Paraguay, Ricardo Martinelli de Panama, Sebastian Pinera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador.

A Guillermo Cartes, en 2024, el gobierno de Estados Unidos, mediante la Office of Foreign Assets Control (OFAC), lo sancionó por corrupción antes, durante y después de su mandato. Sus activos han sido congelados en Estados Unidos, se le prohibió entrar al país y sus empresas operativas en territorio estadounidense quedaron bloqueadas.

En cuanto a Ricardo Martinelli, las autoridades americanas le prohibieron entrar al país por corrupción en sobornos y contratos públicos.

En lo que tiene que ver con Luis Abinader, aunque aparece en el informe de Pandora Papers su caso ha generado debate y solicitudes de aclaración, pero no ha habido una sanción internacional ni un proceso de investigación abierto en su país.

Hay que esperar la declaración de patrimonio al final de su gestión para determinar el comportamiento de su riqueza durante su gestión.

De igual modo, mientras este en el poder es difícil que exista un arqueo a las finanzas del Estado para determinar si hubo más corrupción en su Gobierno.

Es tarea futura.  

 

CONCLUSION

El impacto del costo de la corrupción en la República Dominicana ha significado atraso en su desarrollo, desmejoramiento de la condición de vida de los ciudadanos, falta de oportunidades mientras la clase política y oligárquica cada día se hacen más ricas y poderosas.

En el 2017 el periodista Juan Bolívar Diaz estimó que el costo de la corrupción se elevó en esa fecha a unos 51 mil millones de dólares.

Este es un problema tan grave, que se le achaca a la misma corrupción el auge del narcotráfico.

Los factores que obstaculizan la lucha contra este flagelo esta el retraso en la ejecución de las auditorias (se toman hasta cinco años), el costo de las campañas  políticas, el control de los Presidentes y el partido en el sistema judicial y en las instancias fiscalizadoras, los amarres entre los partidos que se turnan el Gobierno, la indiferencia de la ciudadanía, el control de los medios de comunicación por parte de los oligarcas propietarios y la no existencia de alguna instancia internacional que ayude a la transparencia y al rendimiento de cuentas.

Cuando comparamos la corrupción actual con los antecedentes históricos de este mal, surge a la vista que se ha mantenido prácticamente el mismo modus-operandi en todos los Gobiernos. Lo único que cambia son los actores y el tamaño del robo al erario publico y al pueblo. Pero la historia es la misma: denuncia, sometimiento, dilación, tácticas jurídicas, olvido y desaparición de los casos.

Los partidos y loa políticos que ayer desfalcaron al Estado son los mismos que hoy aspiran a tomar el poder.   

Durante los últimos 25 años, en la República Dominicana se han presentado mas de 250 casos de corrupción contra el Estado, con escándalos nacionales e internacionales. De estos, solamente cinco casos han recibido condena en los tribunales.

Han surgido iniciativas sociales como Marcha Verde y La Lucha para combatir la corrupción en el país y ejercer presión, pero todos estos esfuerzos han sido vencidos por este terrible flagelo.

 

Consultas

1. Bolívar Diaz, Juan. (01 de julio del 2017). La corrupción se lleva por ano entre $30 mil y $51 mil millones. Hoy. https://hoy.com.do/el-pais/pacientes-trauma-consumen-el-1-8-del-pib-destinado-a-salud-2_705420.html

2. Casci, Leonardo. “Deep Analysis of the judicial system in the Dominican Republic”. Recuperado el 1 de diciembre del 2025, de https://atdominican.com/deep-analysis-of-the-judicial-system-in-the-dominican-republic/

3. DOMINICAN REPUBLIC: PRESIDENT HIPOLITO MEJIA UNDER FIRE AFTER ONE MONTH IN OFFICE. NotiCen: Central American & Caribbean Affairs. 5 de octubre del 2000. Recuperado de https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA65803757&sid=sitemap&v=2.1&it=r&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E863eb397&aty=open-web-entry

4. Dominican president included in the Pandora Paper. Prensa Latina. 4 de octubre del 2021. Recuperado de shttps://www.plenglish.com/news/2021/10/04/dominican-president-included-in-the-pandora-papers/

5. Jimenez, Llennis. (2 dciembre del 2025). Justicia de RD no ha fallado 225 casos corrupción en 25 anos. Hoy. Recuperado de https://hoy.com.do/el-pais/justicia-de-rd-no-ha-fallado-225-casos-corrupcion-en-25-anos_622187.html#

6. Larry, Rohter.(2 diciembre del 2025).  Suits Accuse Domincan Ex-President of Misdeeds. The New York Times. Recuperado de: https://www.nytimes.com/1996/11/24/world/suits-accuse-dominican-ex-president-of-misdeeds.html

7. Leonel Fernández. Wikipedia. 25 de septiembre del 2025.  https://en.wikipedia.org/wiki/Leonel_Fern%C3%A1ndez

 8. Mayte Feliz, M. (1 de diciembre de 2025).  Monstruo sombrío: la corrupción y su reinado eterno en la República Dominicana. 7 dias.com.do.  https://7dias.com.do/2025/04/04/corrupcion-desde-el-ano-1900-hasta-la-era-de-trujillo/

9. Medrano, Feliz. Fortuna Leonel Fernandez alcanzaría US$85 MM, dicen periodistas Miguel Guerrero y Jose Baez Guerrero. (2 diciembre 2025). Recuperado de  https://www.elfarodelsur.com/2023/11/fortuna-leonel-fernandez-alcanzaria.html

10. The World : Ex-President Sentenced. Los Angles Times. 2 de diciembre 2025. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-11-28-mn-434-story.html

11. “Top 10 Corruption Cases of 2024: A Global Snapshot of Scandals and Accountability”. PolicyIntel. 1 de diciembre 2025. https://policyintel.online/top-10-corruption-cases-of-2024-a-global-snapshot-of-scandals-and-accountability/

NOTA:

Este ensayo de carácter académico puede ser publicado por medios o usado por personas o instituciones con la condición de dar la debida acreditación a su autor.

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